Un grave conflicto comenzó a gestarse tras el anuncio del gobierno comunal de Julio Alak respecto a la decisión de suspender obras de desarrolladores inmobiliarios en 400 barrios que el Municipio catalogó de ilegales hasta que se expida en cuestión en un plazo de 180 días.

   La presentación judicial que acompaña la medida se basa, según explicaron, que el oficialismo quiere revisar cada uno de los lugares de construcción inmobiliaria para saber si se ajustan a los diferentes códigos impuestos para la construcción y si las obras cumplen los requisitos de contar con la disposiciones legales.

   Sucede que, durante la gestión de Julio Garro, el Concejo Deliberante platense votó una modificación del COU, pero tal medida no fue avalada por el Gobierno provincial. En ese entonces, el responsable del área de Obras y Servicios Públicos y nexo entre los desarrolladores y la comuna era Luis Barbier, quien por estas horas es apuntado por los inversionistas que avanzaron con las construcciones.

    De acuerdo a una nota publicada por 221 Diario, existe por estas horas un profundo malestar entre los desarrolladores con ex funcionario de Julio Garro. Explicaron que la suspensión por 180 días de los 400 emprendimientos inmobiliarios de La Plata dispuesta por el intendente Julio Alak y la denuncia penal realizada en la Justicia, abrió un panorama incierto tanto para los desarrolladores como para los que construyen, ya que no está claro qué pasará con los proyectos una vez concluido ese plazo.

   Hasta el momento, la suspensión alcanza a 76 ordenanzas relacionadas con cambios al Código de Ordenamiento Urbano (COU), la normativa municipal que regula el uso del suelo en la ciudad, que fueron calificadas como "ilegales" por la gestión actual y que ahora serán revisadas una por una.

   La denuncia de la administración actual, afirma que los emprendimientos fueron autorizados sin contar con la provisión de servicios básicos, generando así problemas de planificación y conflictos urbanísticos, en este caso sería Luis Barbier, el cual es objeto de críticas.

El enlace con los desarrolladores

Destacó 221 Diario que se trata de ordenanzas que fueron presentadas durante la gestión de Julio Garro con el impulso del ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Barbier, quien se desempeñó en ese mismo cargo durante los dos mandatos de Juntos por el Cambio.

De bajo perfil, el ex funcionario manejó durante ocho años la lapicera que firmaba no sólo los proyectos inmobiliarios, sino también las obras públicas que se encararon en la ciudad desde la Comuna, lo que lo hizo forjar una estrecha con constructores, desarrolladores, ingenieros, arquitectos e inversores.

Es abogado, graduado en la UNLP y tiene un Máster en derecho administrativo en la Universidad Austral. Al igual que muchos funcionarios de Juntos, su origen fue peronista y antes de llegar al Municipio en 2015 ejerció diversos cargos públicos en Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el CEAMSE.

Barbier, que además es hermano de la concejal de Juntos Lucía Barbier, fue una pieza clave en el avance de los permisos para los nuevos desarrollos inmobiliarios que, año a año, eran girados al Concejo Deliberante para asignarle indicadores urbanísticos a zonas rurales, donde el COU no permitía construir.

Los expedientes también llevaban las firmas de la secretaria de Planeamiento, María Botta, y del secretario de Coordinación, Oscar Negrelli. Sin embargo, el que manejaba el vínculo con los desarrolladores era Barbier.

El proceso de revisión de las 76 ordenanzas forma parte de la primera etapa del plan que encaró el Municipio para elaborar un nuevo COU junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación CEPA, como contó 0221.com.ar. El objetivo es resolver primero la situación de esos 400 emprendimientos que quedaron en stand by.