La reforma laboral que plantea el presidente, Javier Milei, fue incluía en la batería de requisitos presentados a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó en los primeros días de su gestión, en donde busca una  flexibilización laboral que permita profundas modificaciones en las leyes y los derechos de los trabajadores, los cuales fueron objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los puntos más importantes que fueron vetados por la justicia en un fallo de la Justicia Laboral que el Gobierno Nacional buscará apelar, se encuentran detallados apéndices importantes que tienen que ver con la modificación en los juicios laborales que favorecerán a los empresarios.

Sobre la extensión del período de los contratos de pruebas, un empleador podrá tener un trabajador a prueba por un período más amplio al actual y extenderlo hasta ocho meses, para luego dar por concluido esta vigencia o realizar la efectivización del trabajador, el cual fue otro de los puntos objetados por la CGT.

Entre varios puntos que van en contra de viejas peleas sociales y beneficios para los trabajadores que se dieron a lo largo de los años y que este gobierno libertario pretende desterrar figuran la reducción de licencias por maternidad y paternidad, como así también el achicamiento de los montos indemnizatorios por despido.

Además, el DNU de Milei busca limitar el derecho a huelga, como así también las asambleas y congresos de trabajadores, y sobre las prórrogas en los convenios colectivos mientras se negocia un nuevo instrumento de relación laboral entre la empresa y sus trabajadores.

Por este y otros motivos, el Tribunal de feria hizo lugar al pedido de la CGT, que había apelado una resolución de primera instancia, fundándose en varios puntos en donde una modificación podría desencadenar varios factores que harían provocar “efectos jurídicos irreversibles”.

Los magistrados entendieron que “a diferencia del amparo colectivo en el caso que plantea la CTA “se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical”.

En este caso, apelaron para finalizar que  “se deban los requisitos que la ley de medidas cautelares establece para dictar una: el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; la verosimilitud del derecho invocado; la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; la no afectación del interés público y que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”.

El tribunal también destacó el peligro en demorar una resolución. Hicieron referencia al paro convocado para el 24 de enero y a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación postergó hasta febrero, cuando regrese la actividad judicial, analizar el planteo que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó contra el DNU.