Se esperan varias horas de discusión en el recinto del Concejo Deliberante de La Plata, cuando los 24 ediles platenses comiencen con las sesiones ordinarias de este año. Oficialistas y opositores tiraran sobre la mesa de discusión temas nacionales, provinciales y locales.

   Para el primer encuentro, Unión por la Patria, a través de su bloque presentó un proyecto de Decreto para advertir que “la designación en la Corte Suprema a los Dres.  Ariel Lijo y García Mansilla, es un atropello a las instituciones, al espíritu republicano y a nuestra Constitución Nacional”.

   Invocando al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, el presidente Javier Milei, decretó, en febrero de este año, el nombramiento transitorio de dos jueces durante el receso legislativo.

   La atribución presidencial será tratada en el orden local a través de una propuesta del edil, Juan Granillo Fernández y acompañada por el resto del bloque que preside el “camporista” Pablo Elías, al observar que “ el presente proyecto tiene como finalidad manifestar la preocupación y repudio del Cuerpo del Concejo Deliberante por la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo con el supuesto objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial”.

   Al respecto, los concejales coincidieron en considerar que se trató una maniobra del Ejecutivo Nacional al advertir que “el tratamiento de la candidatura de Lijo en el Senado iba a tener lugar el viernes 21 pasado. El Gobierno presionó para incluir el tema en el orden del día, aunque debió retirarlo y suspender la sesión prevista para ese día, luego de tener en claro que no tenía el número necesario para aprobar su pliego”

   La designación, vía decreto, tiene una extensión de 9 meses hasta el fin del año parlamentario, y en el caso de Lijo, el actual juez federal deberá renunciar a su cargo antes de asumir como integrante de la Corte.

   En ese sentido, los ediles no están de acuerdo con la justificación expresada por redes sociales del Presidente, suele manifestarse por “X” en vez de hablar con los medios de prensa, y apoyaron la postura de los senadores nacionales de UxP quienes afirman que “inciso 19° del artículo de la Constitución, no aplica a los magistrados del máximo tribunal porque habla precisamente en términos de “empleo”, como puede ser el personal diplomático que también requiera aval del Senado”.

   Al respecto, Granillo Fernández denunció que “el accionar del Gobierno en este sentido es avasallar las normas que emanan de la Constitución Nacional, faltando al artículo 1° de la misma donde declara que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según los establece la presente constitución””.

   Para el caso, el concejal clarificó que “Andrés Gil Domínguez, reconocido constitucionalista y doctor en Derecho, señaló en la red social X que los decretos para este caso “son de uso restrictivo y jamás pueden ser utilizados como una mera alternativa de los procedimientos regulares previstos por la Constitución", ante el riesgo de nulidad constitucional absoluta e insanable y de concurrir en delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, título y honores, entre otros”.

    “Cuando esto sucede, el sistema republicano, la división de poderes, el orden constitucional y los derechos de las personas corren un serio peligro de extinción por demolición”, remarcó el concejal apoyándose en los dichos del constitucionalista.

   Para finalizar, el bloque oficialista de concejales de Unión por La Patria, avalan la decisión de los senadores nacionales y rechazan la “designación “en comisión” y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.