El intendente Julio Alak inició el pasado 10 de diciembre una auditoría interna en la administración municipal, que arrojó numerosas irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.

Tras una extensa y profunda investigación, los equipos técnicos de la actual gestión hallaron no solo personas que cobraban sin presentarse a trabajar, sino que hay casos de una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.

Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que están detenidas en la actualidad cumpliendo condenas por participar en severas causas penales.

Entre las mismas se encuentran homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.

Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.

“La investigación interna determinó numerosas irregularidades administrativas. En la misma se expone que había personas que cobraban sueldo y no trabajaban; como también agentes que cobraban sueldo sin tener legajo de personal, es decir que no habían cumplimentado los requisitos mínimos para su designación y sin embargo eran asalariados”, reza el documento.

Entre las anomalías se pudo constatar la liquidación de sueldos sin el legajo correspondiente, una persona fallecida a la que se le pagaba sueldo y un total de 13 personas detenidas por delitos graves en cárceles y alcaldías a las que se les seguía pagando la remuneración como si cumplieran servicios.

También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.

Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.

Los equipos técnicos pudieron identificar, a su vez, dos personas que se anoticiaron de tener un contrato municipal cuando fueron a hacer trámites en otros organismos. Actualmente se están investigando esas contrataciones, que fueron en septiembre de 2023.

Estas situaciones se dieron en el marco de un aumento de las designaciones que crecieron desmesuradamente en los años electorales. Esto representa una clara violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y a la normativa provincial que regula el Empleo Público.

CRECIMIENTO DESMESURADO Y DESPROPORCIONADO

Conforme a los datos que se desprenden del Plan de relevamiento integral para la reconstrucción de la administración pública municipal, la Comuna tenía al 10 de diciembre de 2023 un total de 12.573 agentes.

Para el año 2007, cuando terminó la cuarta gestión del intendente Julio Alak, en la ciudad vivían alrededor de 600 mil habitantes y la administración municipal contaba con 3.800 empleados. Así, el crecimiento desmedido de designaciones generó que la Municipalidad pasara de 3.800 empleados en el 2007 a 12.573 en el 2023; es decir que aumentó más de un 300 por ciento en los últimos años cuando la población de la ciudad creció solo un 20 por ciento.

En términos comparativos, La Plata tiene más empleados designados que distritos como La Matanza, el más grande de la Provincia, donde residen 1.837.774 personas y se registran 7.426 municipales, de los cuales 3.112 son personal de salud de los hospitales comunales y 4.314 de planta.

En este contexto, se puede observar que la capital bonaerense tiene un 70% más de empleados que La Matanza con casi la mitad de la población y sin contar con hospitales municipales; mientras que La Plata cuenta con un empleado municipal cada 61 habitantes y La Matanza tiene un empleado cada 247 habitantes.

CONTROL BIOMÉTRICO

Frente a este contexto, la Municipalidad de La Plata ya aplica el sistema biométrico que permitirá controlar el ingreso y egreso del personal a través de la huella dactilar. La medida, impulsada por el jefe comunal platense, busca fortalecer la transparencia institucional y optimizar el funcionamiento de todas las áreas locales.

De este modo, durante la primera jornada hubo un ausentismo superior al 60%, ya que en la delegación de Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456, en Villa Elvira 154 sobre 340, en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142; es decir que sobre 1.162 empleados que debían registrar su ingreso, solo lo hicieron 462.