La Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a fin de debatir la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de distribución de gas por redes, nos brinda un espacio de participación ciudadana necesario para la consecución de tarifas justas, razonables y no confiscatorias para todas las usuarias y usuarios.

Para ello es dable poner de manifiesto de dónde venimos. El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) autorizó y justificó tarifazos impagables, los que ocuparon de un modo irrazonable un porcentaje excesivo de los ingresos del grupo familiar, y que en el caso del servicio de gas por redes fue de un 1736% para la factura promedio mensual. La magnitud de los aumentos llevaron a que unos 3.000.000 de hogares en nuestra Argentina cayeran en situación de empobrecimiento energético, y que se debiera destinar el 26 % de un salario mínimo para pagar los servicios públicos, mientras que, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era de solo el 6 %. En la Provincia de Buenos Aires durante el mismo período cayó un 8,5 % el consumo residencial
del gas.

El ENARGAS vuelve a convocar, tal cual lo hizo en marzo de 2021, una audiencia pública para discutir amplia y participativamente un nuevo cuadro tarifario, proporcionando información adecuada y suficiente para que la misma no se convierta en un mero trámite tendiente a convalidar los cuadros tarifarios pretendidos por las licenciatarias de gas.

Según la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aprobada por el Gobierno de Cambiemos, en el año 2021 la tarifa residencial debía aumentar un 130 %, sin embargo, producto del debate producido en la audiencia pública pasada, el aumento solo fue del 6 %. También se discutió en la misma la ampliación del régimen de zona fría, lo cual fue receptado y convertido en Ley por el Congreso Nacional. Por ello, la Audiencia Pública es por excelencia el ámbito necesario para tomar conocimiento, proponer, emitir opiniones y debatir en forma previa al decisorio del régimen
tarifario que impactará directamente en nuestra vida cotidiana.

El debate debe poner al usuario, y no a las concesionarias, como eje principal de la discusión, ver
al usuario como un ser humano con derecho a vivir en forma digna y no solo como la contraparte de una relación comercial. El cuadro tarifario de transición debe discutirse ampliamente, sin condicionamientos previos, teniendo en cuenta que los servicios públicos son derechos esenciales, y que las tarifas resultantes deberán contemplar la situación social y económica actual, ser inclusivas, no discriminatorias, y estar definitivamente alineadas con los salarios.

El ENARGAS se convierte en el árbitro necesario en su función de protector de los derechos de los usuarios (art 2° de la Ley 24076), nivelando la relación desigual que se da entre la empresas y usuarios, por lo cual debe tomarse el tiempo necesario para analizar la conformación de una cuadro tarifario justo y razonable de transición “en beneficio de los usuarios y las usuarias”